Lo que ocurre con Frida Kahlo no es astucia individual del caso. Es síntoma de una asimetría estructural del derecho federal mexicano: dos leyes federales que regulan, desde lógicas opuestas, el control sobre el nombre y la imagen de las personas. Una está diseñada para extinguirlo. La otra permite perpetuarlo mediante registro oportuno. Por la grieta entre ambas se ha colado, silenciosamente, la privatización de figuras del patrimonio cultural.
What occurs with Frida Kahlo is not individual cunning in the case. It is the symptom of a structural asymmetry of Mexican federal law: two federal laws regulating, from opposing logics, control over the names and images of persons. One is designed to extinguish it. The other allows it to be perpetuated through a well-timed registration. Through the gap between them, the privatization of figures of cultural heritage has slipped in quietly.
La sentencia del Undécimo Circuito del 17 de abril de 2026 resolvió, técnicamente, una cuestión de jurisdicción personal: que las cartas de cese y desistimiento dirigidas a Florida por la heredera Mara Cristina Romeo Pinedo bastan para someterla a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses bajo el estatuto de long-arm del estado.
La importancia del fallo no está en su tecnicismo procesal. Está en lo que el caso revela como conflicto subyacente: una sobrina nieta de la artista, ciudadana mexicana, oponiéndose desde Ciudad de México al modelo de explotación marcaria global de una corporación panameña que ostenta el control comercial sobre el nombre Frida Kahlo. La pregunta de fondo — ¿quién tiene derecho a explotar comercialmente la imagen de una figura histórica mexicana? — no se decide en Atlanta. Se decide, en su raíz doctrinal, en la lectura conjunta del artículo 87 de la LFDA, del artículo 173 de la LFPPI y de los criterios recientes de la Suprema Corte mexicana sobre derecho a la propia imagen.
The Eleventh Circuit's April 17, 2026 ruling resolved, technically, a question of personal jurisdiction: that cease-and-desist letters sent to Florida by the heir Mara Cristina Romeo Pinedo were enough to bring her within the reach of U.S. courts under the state's long-arm statute.
The importance of the decision does not lie in its procedural technicality. It lies in what the case reveals as the underlying conflict: a grand-niece of the artist, a Mexican citizen, opposing from Mexico City the global trademark exploitation model of a Panamanian corporation that holds commercial control over the name Frida Kahlo. The core question — who has the right to commercially exploit the image of a Mexican historical figure? — is not decided in Atlanta. It is decided, at its doctrinal root, in the joint reading of Article 87 of the LFDA, Article 173 of the Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI, Federal Law on Industrial Property Protection), and the recent rulings of Mexico's Supreme Court on the right to one's own image.
El artículo 87 LFDA: un derecho diseñado para extinguirse. Article 87 LFDA: a right designed to expire.
El régimen federal mexicano del derecho de imagen está expresamente regulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor.1 Tres elementos importan. El consentimiento expreso del titular es regla; la excepción está acotada a usos incidentales o periodísticos en sitios públicos. Tras la muerte, los derechos pasan a los representantes o titulares correspondientes — típicamente los herederos. Y, crucial para este análisis, la tutela legal termina al cumplirse cincuenta años de la muerte de la persona retratada.
Esa terminación no es olvido legislativo. Es decisión deliberada que recoge una tradición doctrinal consolidada: los derechos de personalidad protegen al individuo y, por un tiempo razonable, a la memoria inmediata de quienes lo recuerdan. Pasado ese plazo, la imagen, el nombre y la biografía se integran al acervo cultural compartido. Es el equivalente — en el régimen autoral — a la idea del dominio público en materia patrimonial: ciertas figuras dejan de pertenecer a sus herederos y pasan a pertenecer al colectivo.
Para Frida Kahlo, el plazo se cumplió el 13 de julio de 2004.
Mexico's federal regime for the right of image is expressly governed by Article 87 of the Ley Federal del Derecho de Autor.1 Three elements matter. Express consent of the rights holder is the rule; the exception is narrow, limited to incidental or journalistic uses in public places. Upon death, the rights pass to the corresponding representatives or holders — typically the heirs. And, crucial for this analysis, legal protection ends fifty years after the death of the person portrayed.
That termination is not legislative oversight. It is a deliberate decision that picks up a settled doctrinal tradition: personality rights protect the individual and, for a reasonable time, the immediate memory of those who remember them. After that period, image, name, and biography are integrated into the shared cultural commons. It is the equivalent — within the copyright regime — of the idea of public domain in patrimonial matters: certain figures cease to belong to their heirs and come to belong to the collective.
For Frida Kahlo, the term expired on July 13, 2004.
La SCJN: una protección que se expande, pero que no perdura. The Mexican Supreme Court: protection that expands, but does not endure.
Sobre ese pilar normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido, en la última década, una línea de protección creciente — articulada en tesis aisladas, no en jurisprudencia firme por reiteración.
En el Amparo Directo 48/2015, resuelto el 7 de diciembre de 2016, la Segunda Sala estableció dos criterios. Primero: el derecho a la propia imagen está válidamente protegido y regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor, por tratarse de una restricción legítima al derecho de autor en aras de un derecho de personalidad. Segundo: su violación se sanciona como infracción en materia de comercio. De esa ejecutoria emanan las tesis aisladas con los rubros «DERECHO A LA IMAGEN. SON VÁLIDAS SU PROTECCIÓN Y REGULACIÓN POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR» y «DERECHO A LA IMAGEN. SU CONCEPTO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR».3
Más recientemente, en el Amparo Directo 7/2022, resuelto el 8 de febrero de 2023 por la Primera Sala, la pregunta era si el término «retrato» del artículo 87 LFDA debía interpretarse en sentido estricto — circunscrito a fotografías — o si comprendía cualquier representación gráfica identificable. La Sala resolvió en sentido amplio: el «retrato» abarca toda manifestación o representación gráfica que evoque a la persona, incluyendo dibujos, animaciones, caricaturas y, por extensión interpretativa, la utilización de personas similares con fines de aprovechamiento comercial.4
La línea, leída de conjunto, expande el contenido del derecho durante su período de vigencia: cubre toda representación que identifique, no únicamente la fotografía literal. Pero la tutela — ahora ensanchada en su contenido — sigue sujeta al plazo terminal del propio artículo 87. La Corte ha extendido el qué. El cuándo lo conserva la ley.
On that normative pillar, Mexico's Supreme Court of Justice (SCJN) has built, over the past decade, a line of expanding protection — articulated in non-binding precedents (tesis aisladas), not yet binding precedent by reiteration.
In Amparo Directo 48/2015, decided on December 7, 2016, the Second Chamber established two criteria. First: the right to one's own image is validly protected and regulated by the Ley Federal del Derecho de Autor, as a legitimate restriction on copyright in service of a personality right. Second: its violation is sanctioned as commercial infringement. From that decision emerged the non-binding precedents under the headings "DERECHO A LA IMAGEN. SON VÁLIDAS SU PROTECCIÓN Y REGULACIÓN POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR" and "DERECHO A LA IMAGEN. SU CONCEPTO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR."3
More recently, in Amparo Directo 7/2022, decided on February 8, 2023 by the First Chamber, the question was whether the term "portrait" in Article 87 LFDA had to be read strictly — limited to photographs — or whether it covered any identifiable graphic representation. The Chamber resolved it broadly: "portrait" covers any manifestation or graphic representation that evokes the person, including drawings, animations, caricatures, and, by interpretive extension, the use of lookalike persons for purposes of commercial exploitation.4
The line, read together, expands the content of the right during its period of validity: it covers any representation that identifies, not only the literal photograph. But the protection — now broadened in content — remains subject to the terminal deadline of Article 87 itself. The Court has extended the what. The when is conserved by the law.
El artículo 173 LFPPI: el consentimiento perpetuo. Article 173 LFPPI: perpetual consent.
Frente a ese régimen autoral robusto pero temporalmente acotado, el régimen marcario opera con una lógica radicalmente distinta.
El artículo 173, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial dispone que no son registrables como marca «los nombres, seudónimos, firmas, retratos y biografías de personas determinadas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales hasta el cuarto grado».5
La disposición — cuya redacción es sustancialmente idéntica a la del antiguo artículo 90, fracción XIII, de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 que estuvo vigente cuando se constituyó la Frida Kahlo Corporation — tiene una característica notable: no establece plazo temporal alguno. El requisito de consentimiento sobrevive perpetuamente al fallecimiento de la persona referida.
Against that robust but temporally bounded copyright regime, the trademark regime operates with a radically different logic.
Article 173, section VII, of the Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial provides that the following are not registrable as a trademark: "the names, pseudonyms, signatures, portraits, and biographies of specific persons, without the consent of the interested parties or, if deceased, in order, the spouse, blood relatives in direct line and by adoption, and collateral relatives up to the fourth degree."5
The provision — substantively identical to former Article 90, section XIII, of the 1991 Ley de la Propiedad Industrial in force when Frida Kahlo Corporation was incorporated — has a notable feature: it sets no temporal deadline. The consent requirement survives perpetually beyond the death of the person referenced.
La ley autoral extingue. La ley marcaria perpetúa. Entre una y otra, la pasarela es un registro oportuno. Copyright law extinguishes. Trademark law perpetuates. Between one and the other, the bridge is a well-timed registration.
La asimetría con el artículo 87 LFDA es estructural. Mientras la ley autoral extingue la tutela a los cincuenta años post mortem, la ley marcaria mantiene el requisito de consentimiento sin término. Contra lo que podría pensarse intuitivamente, esa asimetría no protege más al titular del derecho. Abre una ruta de conversión: el consentimiento marcario obtenido dentro de los cincuenta años post mortem produce un registro de marca que, una vez concedido, subsiste indefinidamente y es renovable cada diez años conforme al artículo 240 LFPPI — con independencia de que el derecho de imagen subyacente se haya extinguido en sede autoral.
Eso ocurrió con Frida Kahlo. Los herederos consintieron el registro marcario antes de que se cumpliera el plazo del artículo 87 LFDA en julio de 2004; el registro, una vez concedido, opera con la lógica propia del derecho industrial: titularidad transferible, plazo renovable, oponibilidad erga omnes. Lo que como derecho de imagen iba a extinguirse en 2004, como marca puede sobrevivir indefinidamente, ya no requiere la legitimación personal que el artículo 87 sí exigía, y se ejercita contra terceros con base en un título registral autónomo.
The asymmetry with Article 87 LFDA is structural. While copyright law extinguishes protection at fifty years post mortem, trademark law keeps the consent requirement without term. Contrary to what might be intuitively assumed, that asymmetry does not protect the rights holder more. It opens a route of conversion: trademark consent obtained within the fifty years post mortem produces a trademark registration that, once granted, subsists indefinitely and is renewable every ten years under Article 240 LFPPI — regardless of whether the underlying right of image has expired under the copyright regime.
That is what happened with Frida Kahlo. The heirs consented to the trademark registration before the Article 87 LFDA term expired in July 2004; the registration, once granted, operates under industrial-property logic: transferable ownership, renewable term, erga omnes enforceability. What as a right of image was going to expire in 2004, as a trademark may survive indefinitely, no longer requires the personal standing Article 87 did demand, and is enforced against third parties on the basis of an autonomous registry title.
Nombrar la operación. Naming the operation.
Conviene precisar qué es esto y qué no es.
No es fraude legal. Cada paso del proceso es jurídicamente válido bajo la legislación vigente. El consentimiento de los herederos fue genuino y oportuno; el registro marcario fue otorgado por la autoridad competente bajo los requisitos formales aplicables; las renovaciones, sucesivamente concedidas. No hay, en términos estrictos, nulidad sustantiva que reclamar.
Tampoco es coincidencia comercial. La cronología es demasiado precisa: cincuenta años post mortem cumplidos en julio de 2004, constitución de la corporación ese mismo año, registro intensivo de marcas en los meses inmediatos siguientes. Es planeación jurídica que conoce, con precisión calendárica, el momento exacto en que el artículo 87 LFDA iba a dejar de tutelar el control sobre la imagen.
En términos doctrinales es, simplemente, captura del dominio público. El momento exacto en que el ordenamiento federal iba a liberar el nombre y la imagen de Frida Kahlo para integrarlos al patrimonio cultural compartido fue también el momento en que se activó el mecanismo marcario que retuvo ese control en manos privadas. La transición legal hacia el dominio público — que el legislador del derecho de autor diseñó como inevitable y que la SCJN ha confirmado como límite del derecho personalísimo — se interrumpió por cambio de régimen: lo que iba a ser de todos, pasó a ser de una sociedad anónima.
Que la operación sea válida bajo el derecho positivo no la vuelve indiferente desde el punto de vista doctrinal. Lo que está en juego es la coherencia del sistema federal: dos cuerpos normativos — el del derecho de autor con su componente de derecho de imagen, y el de propiedad industrial — diseñados con lógicas opuestas, que en su intersección permiten un resultado que ninguno de los dos, leído por separado, autorizaría.
It is worth specifying what this is and what it is not.
It is not legal fraud. Every step of the process is legally valid under existing legislation. The heirs' consent was genuine and timely; the trademark registration was granted by the competent authority under applicable formal requirements; the renewals, successively granted. There is, strictly speaking, no substantive nullity to claim.
Nor is it commercial coincidence. The chronology is too precise: fifty years post mortem fulfilled in July 2004, incorporation of the corporation that same year, intensive trademark registration in the immediately following months. It is legal planning that knows, with calendar precision, the exact moment Article 87 LFDA was going to cease protecting control over the image.
In doctrinal terms it is, simply, capture of the public domain. The exact moment the federal legal order was going to release Frida Kahlo's name and image to integrate them into the shared cultural heritage was also the moment when the trademark mechanism was activated to retain that control in private hands. The legal transition toward the public domain — which the copyright legislator designed as inevitable and which the SCJN has confirmed as the limit of the personal right — was interrupted by a change of regime: what was going to belong to everyone became, instead, the property of a corporation.
That the operation is valid under positive law does not render it indifferent from a doctrinal standpoint. What is at stake is the coherence of the federal system: two normative bodies — copyright law with its image-right component, and industrial property — designed with opposing logics, whose intersection permits a result that neither, read separately, would authorize.
Objeciones previsibles. Foreseeable objections.
El debate doctrinal ha articulado cuatro contra-argumentos que vale la pena tomar en serio.
El primero sostiene que la marca solo protege el nombre como signo comercial, no la imagen como atributo de la personalidad: son regímenes distintos que pueden coexistir sin contradicción. Técnicamente correcto, funcionalmente débil. Cuando el nombre y los signos asociados son indisociables de una persona histórica — cuando «Frida Kahlo» no admite confusión con ningún otro referente y los registros marcarios incorporan firma, autorretrato y elementos identificativos de la artista — la marca opera, en la práctica, como un derecho de imagen encubierto. Los criterios de la Primera Sala en el Amparo Directo 7/2022 van en esa dirección: el derecho a la imagen no se circunscribe a la fotografía literal y se vulnera por toda representación que evoque identificadamente a la persona.
El segundo argumenta que si los herederos consintieron oportunamente, el sistema funcionó: nadie engañó a nadie. Eso confunde el problema individual con el sistémico. Que la operación sea válida en su origen no resuelve la pregunta de coherencia: ¿es congruente que un derecho federal expresamente temporal se transmute en uno federal expresamente perpetuo por simple cambio de régimen aplicable?
El tercero — el más global — observa que lo mismo ocurre en otras jurisdicciones; es la regla universal del derecho marcario sobre figuras históricas. Marilyn Monroe es controlada por Authentic Brands Group; la imagen del Che Guevara está fragmentada en marcas privadas alrededor del mundo; Bob Marley es administrado por 56 Hope Road Music. Cierto. Pero el hecho de que el fenómeno sea global no lo vuelve aceptable: solo lo vuelve común. Y México tiene en su régimen federal algo que otras jurisdicciones no tienen: un plazo expreso de extinción en el artículo 87 LFDA, reforzado por los criterios recientes de la SCJN. La asimetría interna del sistema mexicano es local y resoluble; el hecho de que otros sistemas la padezcan no obliga a tolerarla aquí.
El cuarto plantea que las figuras históricas necesitan algún control para evitar usos denigratorios o abusivos. Es atendible. Pero ese control está mejor servido por instrumentos que el ordenamiento ya tiene — derechos morales perpetuos sobre la obra autoral (artículo 18 LFDA), normativa antidiscriminatoria, protección del patrimonio cultural inmaterial — que por la entrega del control comercial perpetuo a sociedades privadas con interés económico. Proteger contra el ultraje no exige conceder rentabilidad ilimitada.
The doctrinal debate has articulated four counter-arguments worth taking seriously.
The first holds that the trademark protects the name as a commercial sign only, not the image as an attribute of personality: distinct regimes that can coexist without contradiction. Technically correct, functionally weak. When the name and associated signs are inseparable from a historical person — when "Frida Kahlo" admits no confusion with any other referent, and the trademark registrations incorporate signature, self-portrait, and identifying elements of the artist — the trademark operates, in practice, as a disguised right of image. The First Chamber's holdings in Amparo Directo 7/2022 point in that direction: the right to image is not confined to the literal photograph and is violated by any representation that recognizably evokes the person.
The second argues that if the heirs consented in due time, the system worked: no one was deceived. That conflates the individual problem with the systemic one. That the operation is valid in its origin does not resolve the coherence question: is it consistent that a federal right expressly temporal transmute into a federal right expressly perpetual by mere change of applicable regime?
The third — the most global — observes that the same happens in other jurisdictions; it is the universal rule of trademark law over historical figures. Marilyn Monroe is controlled by Authentic Brands Group; the image of Che Guevara is fragmented in private trademarks around the world; Bob Marley is administered by 56 Hope Road Music. True. But the fact that the phenomenon is global does not make it acceptable: it only makes it common. And Mexico has, in its federal regime, something other jurisdictions do not: an express extinction term in Article 87 LFDA, reinforced by the recent rulings of the SCJN. The internal asymmetry of the Mexican system is local and resolvable; the fact that other systems suffer from it does not require tolerating it here.
The fourth holds that historical figures need some form of control to prevent degrading or abusive uses. Reasonable. But that control is better served by instruments the legal order already has — perpetual moral rights over the copyrighted work (Article 18 LFDA), anti-discrimination regulation, intangible cultural heritage protection — than by handing over perpetual commercial control to private corporations with economic interest. Protecting against outrage does not require granting unlimited profitability.
El patrimonio cultural en juego. The cultural heritage at stake.
Hay un nivel adicional, menos técnico y más cultural.
Frida Kahlo no es solamente una pintora mexicana del siglo XX. Es, en términos del derecho cultural, figura del patrimonio inmaterial de México. Su rostro circula como símbolo del país en murales callejeros, manifestaciones, monedas conmemorativas, programas educativos. Su biografía forma parte del currículum básico de las escuelas mexicanas. Su obra está en museos públicos administrados por el Estado. La nación, en sentido no jurídico pero sí cultural, la reclama como suya.
Que el control comercial sobre el nombre y la imagen de esa figura quede en manos de una corporación panameña con sede operativa en Florida — mediante el aprovechamiento de una asimetría entre dos leyes federales mexicanas — plantea una pregunta que excede la técnica registral: ¿qué tan permeable debe ser el sistema federal de propiedad intelectual a la apropiación privada perpetua de figuras que materialmente pertenecen al colectivo, cuando el propio legislador federal — en otro precepto de su mismo ordenamiento autoral — decidió que esas figuras debían pasar al dominio público a los cincuenta años?
La pregunta no admite respuesta jurídica unívoca. Pero el hecho de que el sistema actual la permita sin fricción es, en sí, una respuesta.
There is an additional level, less technical and more cultural.
Frida Kahlo is not only a twentieth-century Mexican painter. She is, in terms of cultural law, a figure of Mexico's intangible heritage. Her face circulates as a symbol of the country in street murals, demonstrations, commemorative coins, educational programs. Her biography is part of the basic curriculum of Mexican schools. Her work is held in public museums administered by the State. The nation, in a non-legal but cultural sense, claims her as its own.
That commercial control over the name and image of that figure rests in the hands of a Panamanian corporation with operational headquarters in Florida — through the exploitation of an asymmetry between two Mexican federal laws — raises a question that exceeds registry technique: how permeable should the federal system of intellectual property be to perpetual private appropriation of figures that materially belong to the collective, when the federal legislator itself — in another provision of the same copyright statute — decided that those figures should pass into the public domain at fifty years?
The question admits no single legal answer. But the fact that the current system permits it without friction is, in itself, an answer.
El debate doctrinal mexicano sobre la asimetría LFDA-LFPPI ha articulado tres rutas de corrección posibles, ordenadas de menor a mayor calado legislativo.
La primera es la armonización temporal entre el artículo 173 LFPPI y el artículo 87 LFDA: introducir un plazo al requisito de consentimiento de herederos en sede marcaria, de modo que pasados los cincuenta años post mortem que ya establece la ley autoral, el nombre y la imagen pasen a ser de uso libre también a efectos marcarios — salvo el caso de signos genéricamente registrables sin componente personal identificable. Es la solución más limpia y la que armoniza dos disposiciones federales que hoy operan en sentidos opuestos.
La segunda propone una cláusula de patrimonio cultural en la LFPPI: establecer expresamente que los signos correspondientes a figuras históricas reconocidas como parte del patrimonio cultural mexicano — según criterios que pudieran fijar la Secretaría de Cultura o el INAH — no son susceptibles de apropiación marcaria privada exclusiva, sin perjuicio de licenciamientos no exclusivos para fines educativos o conmemorativos. Es solución más ambiciosa, con costos institucionales mayores — ¿quién determina qué figura cae en esa categoría? — pero con beneficios culturales evidentes.
La tercera es una causal de caducidad por extinción del derecho subyacente: permitir la caducidad marcaria cuando el derecho de personalidad que justificó el registro inicial se ha extinguido por el transcurso del plazo del artículo 87 LFDA. Es la ruta más radical y la que mayor resistencia generaría desde la industria marcaria, pero también la que más coherentemente respondería al problema doctrinal — el régimen industrial no debería sobrevivir a la extinción de la base personal sobre la cual se otorgó.
Cualquiera de las tres rutas exige acto legislativo. La interpretación jurisprudencial difícilmente alcanza, dado que el texto del artículo 173, fracción VII, LFPPI no admite — ni con la lectura sistemática más generosa — un plazo que el legislador no incluyó. Sin reforma, el problema persiste y se agrava: cada año mueren más figuras culturalmente relevantes cuyo paso al dominio público es interceptado, en el momento exacto del cumplimiento del plazo del artículo 87 LFDA, por la planeación marcaria de sus herederos.
The Mexican doctrinal debate on the LFDA-LFPPI asymmetry has articulated three possible routes of correction, ordered from least to greatest legislative scope.
The first is temporal harmonization between Article 173 LFPPI and Article 87 LFDA: introducing a deadline to the heir-consent requirement in trademark proceedings, so that after the fifty years post mortem already established by copyright law, the name and image pass into free use for trademark purposes as well — except for signs generically registrable without identifiable personal component. It is the cleanest solution and the one that harmonizes two federal provisions today operating in opposite directions.
The second proposes a cultural-heritage clause in the LFPPI: expressly establishing that signs corresponding to historical figures recognized as part of Mexican cultural heritage — under criteria that could be set by the Ministry of Culture or INAH (the Mexican National Institute of Anthropology and History) — are not susceptible to exclusive private trademark appropriation, without prejudice to non-exclusive licensing for educational or commemorative purposes. It is a more ambitious solution, with higher institutional costs — who determines which figure falls into that category? — but with evident cultural benefits.
The third is a cancellation cause based on the extinction of the underlying right: allowing trademark cancellation when the personality right that justified the initial registration has expired by operation of the Article 87 LFDA term. It is the most radical route and the one that would generate the greatest resistance from the trademark industry, but also the one that would most coherently address the doctrinal problem — the industrial regime should not survive the extinction of the personal basis on which it was granted.
Any of the three routes requires a legislative act. Judicial interpretation barely reaches, given that the text of Article 173, section VII, of the LFPPI does not admit — even on the most generous systemic reading — a term the legislator did not include. Absent reform, the problem persists and worsens: every year more culturally relevant figures die whose passage into the public domain is intercepted, at the very moment Article 87 of the LFDA's term is fulfilled, by their heirs' trademark planning.
La regla, no la excepción. The rule, not the exception.
El litigio Frida Kahlo Corporation v. Pinedo es, en su superficie, un pleito sobre cartas de cese y desistimiento entre una corporación panameña y una mexicana en tribunales de Florida. En su fondo, alegoría doctrinal del problema mayor: dos leyes federales mexicanas, diseñadas con lógicas opuestas, que en su intersección permiten convertir un derecho temporal de personalidad en un derecho industrial perpetuo.
El legislador federal mexicano decidió, en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que el derecho de imagen post mortem se extinguiría a los cincuenta años. Esa decisión fue deliberada, y la Primera Sala de la Suprema Corte ha reforzado el contenido del derecho durante su período de vigencia. Pero el mismo legislador federal, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, permite neutralizar esa decisión mediante un registro marcario obtenido antes de la expiración del plazo autoral. La consecuencia: figuras que el sistema iba a liberar al patrimonio cultural quedan, en cambio, capturadas como propiedad industrial renovable indefinidamente.
El caso Frida Kahlo es paradigmático por la pulcritud de su cronología — cincuenta años post mortem y constitución corporativa coinciden con precisión calendárica — pero no es único. Es la regla, no la excepción, de cómo el sistema federal mexicano permite gestionar la memoria comercial de figuras históricas. Lo extraordinario sería lo contrario: que un patrimonio culturalmente relevante pasara efectivamente al dominio público sin que un registro marcario lo interceptara antes.
Frida Kahlo pintó autorretratos durante décadas precisamente para reclamar el control sobre su propia imagen. Ese control no lo tiene hoy ella, ni sus descendientes, sino una sociedad anónima cuya constitución coincidió con el año en que el artículo 87 LFDA había decidido devolver esa imagen al pueblo del que provenía.
The Frida Kahlo Corporation v. Pinedo litigation is, on its surface, a dispute over cease-and-desist letters between a Panamanian corporation and a Mexican one in Florida courts. At its heart, it is a doctrinal allegory for the larger problem: two Mexican federal laws, designed with opposing logics, whose intersection allows the conversion of a time-limited personality right into a perpetual industrial right.
The Mexican federal legislator decided, in Article 87 of the Ley Federal del Derecho de Autor, that the post mortem right of image would expire at fifty years. That decision was deliberate, and the First Chamber of the Supreme Court has reinforced the content of the right during its validity period. But the same federal legislator, in the Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, allows that decision to be neutralized through a trademark registration obtained before the expiration of the copyright term. The consequence: figures the system was meant to release into cultural heritage end up captured, instead, as industrial property renewable indefinitely.
The Frida Kahlo case is paradigmatic for the precision of its chronology — fifty years post mortem and corporate incorporation coincide to the year — but it is not unique. It is the rule, not the exception, of how the Mexican federal system permits the commercial management of historical figures' memory. The extraordinary outcome would be the opposite: that culturally relevant heritage would effectively pass into the public domain without a trademark registration intercepting it first.
Frida Kahlo spent decades painting self-portraits precisely to claim control over her own image. That control today does not belong to her, nor to her descendants, but to a corporation whose founding coincided with the year in which Article 87 of the LFDA had decided to return her image to the people it came from.