Dos capas de conducta, dos lógicas jurídicas distintas, una palanca procesal masiva. Conviene correr el ejercicio mexicano sobre esa estructura: si los demandantes hubieran sido autores mexicanos y los hechos hubieran ocurrido bajo la Ley Federal del Derecho de Autor, ¿qué habría pasado?
La respuesta no permite conclusión simétrica del tipo «aquí funciona mejor» o «aquí funciona peor». El régimen mexicano tiene fortalezas sustantivas robustas y carencias procesales serias. La combinación produce un sistema con derechos firmes sobre el papel y poca capacidad de presión real.
Two layers of conduct, two legal logics, one massive procedural lever. The Mexican exercise is worth running over that structure: if the plaintiffs had been Mexican authors and the conduct had unfolded under the Ley Federal del Derecho de Autor, what would have happened?
The answer does not allow a symmetric conclusion of the "here it works better" or "here it works worse" kind. The Mexican regime has robust substantive strengths and serious procedural gaps. The combination produces a system with firm rights on paper and little real pressure capacity.
Anthropic descargó más de siete millones de libros desde Library Genesis y Pirate Library Mirror — repositorios de obras pirateadas en internet — y, en paralelo, compró millones de libros físicos legítimamente, los escaneó y destruyó los originales, todo para construir lo que internamente llamó «una biblioteca central de todos los libros del mundo». Alsup separó esa conducta en dos capas: el entrenamiento del modelo, que calificó como fair use transformativo, y la descarga masiva con conservación, que no.
Lo que forzó el acuerdo final fue la segunda capa, no la primera. La fuerza vino de un mecanismo procesal — la certificación de clase — sumada a un techo indemnizatorio que en infracciones dolosas alcanza 150,000 dólares por obra. Multiplicado por las quinientas mil obras de la clase, la exposición teórica de Anthropic rondaba los 75,000 millones de dólares. Esa cifra — no la doctrina del fair use — es la que pone a una empresa en la mesa de transacción.
Anthropic downloaded over seven million books from Library Genesis and Pirate Library Mirror — repositories of pirated works on the internet — and, in parallel, legitimately purchased millions of physical books, scanned them, and destroyed the originals, all to build what it internally called "a central library of all the books in the world." Alsup separated that conduct into two layers: the training of the model, which he qualified as transformative fair use, and the mass download with retention, which he did not.
What forced the final settlement was the second layer, not the first. The force came from a procedural mechanism — class certification — combined with a damages ceiling that, in willful infringement, reaches USD 150,000 per work. Multiplied by the five hundred thousand works in the class, Anthropic's theoretical exposure stood at around USD 75 billion. That number — not fair use doctrine — is what puts a company at the settlement table.
La taxatividad como muro. The closed list as a wall.
En México no existe doctrina equivalente al fair use. Los artículos 148 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor establecen una lista taxativa de limitaciones a los derechos patrimoniales: cita textual, reproducción de artículos sobre temas de actualidad, copia única para uso personal, fines educativos, accesibilidad para personas con discapacidad, archivos y bibliotecas. Lista cerrada. No un test abierto de cuatro factores.
Esa rigidez es, leída desde el lado del autor, una fortaleza. Bajo derecho estadounidense, Anthropic pudo argumentar — y ganó — que el entrenamiento es «transformativo» bajo el primer factor del §107 del Copyright Act. Bajo derecho mexicano, esa defensa no está disponible. El entrenamiento de un modelo de lenguaje implica, a la luz del artículo 27 LFDA, actos de reproducción y eventualmente de transformación. Ninguna hipótesis del 148 o del 151 lo cubre. Sin autorización del titular, hay infracción.
La consecuencia operativa es que la batalla interpretativa que ocupó a Alsup durante meses — ¿el entrenamiento de IA es uso transformativo o reproducción ilícita? — en México no se plantea. El ordenamiento no ofrece la categoría intermedia. Lo que en Estados Unidos requirió cientos de páginas de análisis multifactorial, en México se resuelve por subsunción: la conducta no está en el catálogo del 148, luego es infractora.
There is no doctrine in Mexico equivalent to U.S. fair use. Articles 148 and 151 of the Ley Federal del Derecho de Autor establish a closed list of limitations to economic rights: textual quotation, reproduction of articles on current affairs, single copy for personal use, educational purposes, accessibility for persons with disabilities, archives and libraries. Closed list. Not a four-factor open test.
That rigidity is, read from the author's side, a strength. Under U.S. law, Anthropic could argue — and did win — that training is "transformative" under the first factor of §107 of the Copyright Act. Under Mexican law, that defense is simply unavailable. Training a language model entails, under Article 27 of the LFDA, acts of reproduction and eventually of transformation. No hypothesis in Article 148 or 151 covers it. Without the rightsholder's authorization, there is infringement.
The operational consequence is that the interpretive battle that occupied Alsup for months — is AI training transformative use or unlawful reproduction? — does not arise in Mexico. The legal order offers no intermediate category. What in the United States required hundreds of pages of multifactor analysis, in Mexico resolves through simple subsumption: the conduct is not in Article 148's catalog, therefore it infringes.
El derecho moral perpetuo. Moral rights, perpetual.
La diferencia con el sistema estadounidense es aquí estructural. Los derechos morales en México — regulados en los artículos 18 a 23 LFDA — son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sobreviven a cualquier cesión patrimonial. El autor conserva, hasta después de su muerte, el derecho a la integridad de la obra, al reconocimiento de la paternidad, a oponerse a deformaciones, mutilaciones o modificaciones que demeriten su honor o reputación.
En Estados Unidos los derechos morales tienen alcance fragmentario: la Visual Artists Rights Act protege solo ciertas obras de arte visual y bajo condiciones acotadas.3 Para la inmensa mayoría de obras — incluyendo las literarias del caso Bartz — el sistema estadounidense no opera con esa categoría.
Esto abre un ángulo argumentativo que en Estados Unidos no existió. Aun suponiendo — contra lo razonado en el apartado anterior — que el entrenamiento se autorizara contractualmente, el output del modelo puede generar versiones, paráfrasis, recreaciones o derivados que alteren la obra original. Cuando ese output afecta el sentido, el contexto o la voz autoral, hay vía argumentativa por afectación al derecho moral de integridad bajo el artículo 21, fracción III, LFDA. Litigio que no requiere acreditar daño patrimonial, que no se pierde por contrato y que no prescribe.
Terreno doctrinal poco explorado, sí. Su rendimiento práctico está por verse. Pero el solo hecho de que la vía exista cambia la conversación: en Estados Unidos los autores tienen únicamente el flanco patrimonial; en México tienen además el moral, perpetuo y blindado contractualmente.
The difference with the U.S. system is structural here. Moral rights in Mexico — governed by Articles 18 to 23 of the LFDA — are unwaivable, inalienable, imprescriptible, and immune from seizure. They survive any assignment of economic rights. The author retains, even past their own death, the right to the integrity of the work, to the recognition of authorship, to oppose deformations, mutilations, or modifications that diminish their honor or reputation.
In the United States, moral rights have fragmentary reach: the Visual Artists Rights Act protects only certain works of visual art under narrow conditions.3 For the overwhelming majority of works — including the literary works in Bartz — the U.S. system effectively does not operate with that category.
This opens an argumentative angle that did not exist in the United States. Even assuming — against the reasoning of the previous section — that training were authorized contractually, the model's output can generate versions, paraphrases, recreations, or derivatives that alter the original work. When that output affects the meaning, context, or authorial voice, there is an argumentative path through Article 21, section III of the LFDA: infringement of the moral right of integrity. Litigation that does not require proving economic harm, that cannot be lost by contract, and that does not lapse.
Underexplored doctrinal terrain, yes. Its practical yield remains to be seen. But the fact that the path exists changes the conversation: in the United States, authors hold only the economic flank; in Mexico, they hold the moral flank as well — perpetual, contractually shielded.
El flanco penal que Bartz nunca tuvo. The criminal flank Bartz never had.
La disputa estadounidense fue puramente civil. La razón es estructural: el derecho penal de autor en Estados Unidos exige conductas más calificadas que las imputadas a Anthropic. En México, la conducta descrita en el caso — descarga masiva de copias pirateadas, conservación con fines de explotación comercial — encaja con el artículo 424 bis del Código Penal Federal, que tipifica como delito la reproducción, almacenamiento, transporte o introducción al país de obras protegidas con fines de lucro, con pena de tres a diez años de prisión y multa que puede alcanzar treinta mil días de salario mínimo.
La conducta del central library que Alsup describió en su sentencia — siete millones de libros pirateados, almacenados, indexados, accesibles internamente, conservados por si resultan útiles — se subsume razonablemente en el verbo rector «almacenar… con fines de lucro». La existencia de copias adquiridas legalmente en paralelo no purga la conducta sobre las copias pirateadas: en derecho penal mexicano, la responsabilidad se determina por cada acto, no por la masa global de adquisición.
The U.S. dispute was purely civil. The reason is structural: U.S. criminal copyright requires more qualified conduct than what was imputed to Anthropic. In Mexico, the conduct described in the case — mass download of pirated copies, retention for commercial exploitation — fits Article 424 bis of the Federal Criminal Code (Código Penal Federal), which criminalizes the reproduction, storage, transport, or introduction into the country of protected works for profit, with penalties of three to ten years in prison and fines of up to thirty thousand days of minimum wage.
The "central library" conduct Alsup described — seven million pirated books, stored, indexed, internally accessible, retained in case they prove useful — fits reasonably within the verb "to store… for profit." The fact that legally purchased copies were acquired in parallel does not cleanse the conduct over the pirated ones: in Mexican criminal law, liability is determined by each act, not by the global mass of acquisition.
Esta capa no estuvo en Bartz porque el sistema estadounidense no la ofrecía. En México, sí. This layer wasn't in Bartz because the U.S. system didn't offer it. In Mexico, it does.
La consecuencia es que, en un caso mexicano análogo, la Fiscalía General de la República podría — previa querella de los titulares; el 424 bis no es perseguible de oficio — iniciar investigación penal paralela al litigio civil. La sola existencia de esa amenaza modifica el cálculo estratégico de cualquier empresa de IA con operación o presencia comercial relevante en México.
The consequence is that in a hypothetical Mexican case, the Federal Attorney General's Office (Fiscalía General de la República) could — upon criminal complaint by the rightsholders, since Article 424 bis is not prosecutable ex officio — open a criminal investigation parallel to the civil litigation. The mere existence of that threat reshapes the strategic calculus of any AI company with relevant commercial operations or presence in Mexico.
Los remedios civiles, tibios. Civil remedies, underpowered.
Aquí el sistema se debilita. El artículo 216 bis LFDA establece que la indemnización por daño material no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original del servicio. Esa fórmula — pensada para infracciones tradicionales: piratería de discos, libros, software comercial — no traduce con limpieza a la masividad y a la naturaleza del entrenamiento de IA.
¿Cuál es el «precio de venta al público» relevante cuando un libro es procesado como tokens en un dataset que entrena un modelo? ¿El precio del ejemplar pirateado? ¿El valor de licenciamiento que un mercado apenas emergente está formando? ¿Se calcula por obra, por uso, por sesión de entrenamiento, por iteración del modelo? La LFDA no resuelve esas preguntas porque fue redactada antes de que existieran. Incluso ante una infracción dogmáticamente clara, los titulares mexicanos enfrentan una cuantificación del daño imprecisa, baja y prácticamente imposible de proyectar al volumen de una conducta como la imputada a Anthropic.
El contraste con Estados Unidos es agudo. Allá los daños estatutarios alcanzan 150,000 dólares por obra infringida con dolo. Ese piso — no un techo, un piso — multiplicado por las quinientas mil obras de la clase Bartz, generaba la exposición teórica de 75,000 millones de dólares que motorizó el acuerdo. Sin daños estatutarios análogos, el régimen mexicano carece de la palanca negociadora que en Estados Unidos forzó la transacción más cara de la historia del copyright.
This is where the system weakens. Article 216 bis of the LFDA provides that compensation for material damages may not be lower than forty percent of the retail price of the original product or service. That formula — designed for traditional infringements: piracy of records, books, commercial software — does not translate cleanly to the scale and nature of AI training.
What is the "retail price" relevant to a book processed as tokens in a dataset that trains a model? The price of the pirated copy? The licensing value of a market that is barely beginning to take shape? Is it calculated per work, per use, per training session, per model iteration? The LFDA does not resolve these questions because it was drafted before they existed. Even faced with a doctrinally clear infringement, Mexican rightsholders confront damage quantification that is imprecise, low, and effectively impossible to project to the scale of conduct like the one imputed to Anthropic.
The contrast with the United States is sharp. There, statutory damages can reach USD 150,000 per willful infringement. That floor — not a ceiling, a floor — multiplied by the five hundred thousand works in the Bartz class, generated the USD 75 billion of theoretical exposure that powered the settlement. Without analogous statutory damages, the Mexican regime lacks the negotiating lever that in the United States forced the most expensive transaction in copyright history.
La acción colectiva, fuera del catálogo. Class actions, outside the statute.
El artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles restringe las acciones colectivas a tres materias: relaciones de consumo, medio ambiente y servicios financieros. Derecho de autor no aparece. Medio millón de autores mexicanos en la posición de la clase Bartz no podrían agruparse en una sola acción judicial — tendrían que litigar individualmente, coordinarse a través de sociedades de gestión colectiva como la Sociedad de Autores y Compositores de México, o esperar mediación del INDAUTOR.
Esa fragmentación procesal diluye la presión negociadora. El acuerdo Bartz fue posible porque Anthropic enfrentaba a una clase certificada que representaba a cientos de miles de titulares simultáneamente. En México la empresa enfrentaría una constelación de procedimientos individuales o, en el mejor de los casos, negociación con sociedades de gestión cuya capacidad de litigio masivo es comparativamente limitada.
La carencia es costosa cuando se combina con la del apartado anterior. Sin daños estatutarios y sin acción colectiva, el sistema mexicano impone a los autores el peor escenario procesal posible frente a conductas masivas: indemnizaciones bajas multiplicadas por procedimientos individuales costosos. La protección sustantiva existe. El músculo procesal para hacerla valer, no.
Article 578 of the Federal Code of Civil Procedure (Código Federal de Procedimientos Civiles) restricts class actions to three subject matters: consumer relations, environment, and financial services. Copyright is not listed. Five hundred thousand Mexican authors in the position of the Bartz class could not group into a single judicial action — they would have to litigate individually, coordinate through collective management organizations such as the Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), or wait for mediation by INDAUTOR, the Mexican copyright office.
That procedural fragmentation dilutes the negotiating pressure. The Bartz settlement was possible because Anthropic faced a certified class representing hundreds of thousands of rightsholders simultaneously. In Mexico, the company would face a constellation of individual proceedings or, at best, negotiation with collecting societies whose mass-litigation capacity is comparatively limited.
The gap is costly when combined with the previous one. Without statutory damages and without class actions, the Mexican system imposes on authors the worst procedural scenario possible against mass conduct: low compensation multiplied by expensive individual proceedings. The substantive protection exists. The procedural muscle to enforce it does not.
El silencio sobre IA. Silence on AI.
La LFDA no menciona, en ninguna disposición, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, el web scraping, los datasets, ni la obra generada por sistemas autónomos. La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial publicada el 3 de abril de 2026 introdujo una agravante para infracciones cometidas mediante inteligencia artificial, pero esa reforma se quedó del lado de la propiedad industrial y no tocó el ámbito autoral.4 El INDAUTOR, por su parte, no ha emitido criterios administrativos sobre el tema.
No es solo omisión técnica. Es decisión — por ausencia — sobre cómo el ordenamiento mexicano va a posicionarse en una de las preguntas regulatorias más importantes del siglo. Otras jurisdicciones tomaron postura: la Unión Europea introdujo en 2019 una excepción de minería de textos y datos con derecho de exclusión por parte del titular; Japón, en 2018, una excepción amplia para machine learning; Singapur, en 2021, una excepción específica para análisis computacional de datos.5 México no ha entrado al debate, y el silencio se traduce en incertidumbre para autores y empresas por igual.
The LFDA does not mention, in any provision, the training of artificial intelligence models, web scraping, datasets, or works generated by autonomous systems. The amendments to the Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial published on April 3, 2026 introduced an aggravating factor for infringements committed through AI, but those amendments remained on the industrial property side and did not reach the copyright regime.4 INDAUTOR, for its part, has issued no administrative criteria on the matter.
This is not just a technical omission. It is a decision — by absence — about how the Mexican legal order is going to position itself on one of the most consequential regulatory questions of the century. Other jurisdictions have taken a stance: the European Union introduced in 2019 a text and data mining exception with rightsholder opt-out; Japan, in 2018, a broad machine-learning exception; Singapore, in 2021, a specific exception for computational data analysis.5 Mexico has not entered the debate, and the silence translates into uncertainty for authors and companies alike.
El ejercicio comparativo deja una observación incómoda: cada sistema produce su propia asimetría.
Estados Unidos combina flexibilidad sustantiva — el fair use permite legitimar conductas innovadoras caso por caso — con dureza procesal: daños estatutarios catastróficos, acciones colectivas masivas. Las empresas tecnológicas pueden ganar la doctrina y aun así pagar cifras existenciales por la forma en que llegaron al material que entrenaron.
México combina rigidez sustantiva — limitaciones taxativas, derechos morales perpetuos, tipo penal específico — con debilidad procesal: indemnizaciones bajas, sin acción colectiva, vacío regulatorio en IA. Los autores tienen razón en lo dogmático. Las herramientas para forzar acuerdos reales, no tanto.
Cada asimetría refleja una decisión institucional distinta sobre dónde poner la fricción. En Estados Unidos, la fricción está en el remedio: la conducta infractora se permite parcialmente, pero cuando se cae fuera del fair use, el costo es ruinoso. En México, la fricción está en la calificación de la conducta: casi cualquier reproducción no autorizada es infracción, pero el costo de repararla rara vez alcanza para disuadirla.
Para los autores mexicanos, el caso Bartz deja una lectura incómoda. La protección sustantiva, aunque robusta, no basta cuando los remedios son tibios y los caminos procesales escasos. Cualquier reforma del régimen autoral que pretenda dar cuenta de la era de la inteligencia artificial tendrá que trabajar del lado del remedio y del proceso. La conducta ya está tipificada. Lo que falta es escala para reaccionar a su masividad.
Mientras esa reforma no llegue — y nada indica que esté en el horizonte legislativo inmediato — los litigios masivos de IA seguirán resolviéndose en Estados Unidos, con efectos prácticos sobre los autores mexicanos cuyas obras están en los datasets, sin que las cortes mexicanas sean parte de la conversación.
The comparative exercise leaves an uncomfortable observation: each system produces its own asymmetry.
The United States combines substantive flexibility — fair use can legitimize innovative conduct case by case — with procedural severity: catastrophic statutory damages, mass class actions. Tech companies can win the doctrine and still pay existential sums for the way they reached the material they trained on.
Mexico combines substantive rigidity — closed limitations, perpetual moral rights, a specific criminal type — with procedural weakness: low damages, no class actions, regulatory vacuum on AI. Authors are right doctrinally. The tools to force real settlements, not so much.
Each asymmetry reflects a different institutional decision about where to place the friction. In the United States, friction lies in the remedy: the infringing conduct is partially permitted, but when it falls outside fair use, the cost is ruinous. In Mexico, friction lies in the qualification of the conduct: nearly any unauthorized reproduction is infringement, but the cost of repairing it rarely reaches the level needed to deter it.
For Mexican authors, Bartz leaves an uncomfortable reading. Substantive protection, however robust, is not enough when remedies are tepid and procedural paths are scarce. Any reform of the copyright regime that aims to account for the age of artificial intelligence will have to work on the remedy and on the process. The conduct is already typified. What is missing is the scale to react to its magnitude.
Until that reform arrives — and nothing suggests it sits on the immediate legislative horizon — mass AI litigation will keep being resolved in the United States, with practical effects on the Mexican authors whose works are in the datasets, and without Mexican courts being part of the conversation.